Están procesados en la Audiencia Nacional con petición fiscal de cárcel o multa varios periodistas (Deia y El Jueves), un rapero, y decenas de ciudadanos, por el delito de injurias al Rey, que no existe en el Reino Unido, Suecia, ni Bélgica, como en USA tampoco es delito quemar la bandera: entienden que prevalece el derecho a la libertad de expresión.
Donde sí existe ese delito, se secuestran diarios y los periodistas van a la cárcel, es en Marruecos. ¿A qué monarquías se quiere equiparar la española, a las europeas o a las africanas y arábigas?
Aún es tiempo de parar este celo represivo y contraproducente: el Rey, nombrado por el asesino Franco, ganó su legitimidad defendiendo y salvando las libertades de todos el 23-F, y no debe ser motivo de persecución de esas libertades sino su garantía. Es irresponsable actuar de manera que los ciudadanos perciban como contrapuestas libertad de expresión y Monarquía, pues si ésta se convierte en un problema y no en una solución no sobrevivirá, en beneficio de una alternativa que, en el actual Estado, sería peor para las libertades, la democracia, y la pluralidad. ¿Qué República cabe en este Estado y es más probable, la plurinacional de Suiza o un semicaudillismo a la latinoamericana, jacobino, autoritario y ramplón? ¿Es mejor un Presidente Aznar o Bono que un Rey Juan Carlos, y tras él su heredero Felipe?
Al Rey no le debe proteger el Código Penal, sino la razón, la conveniencia, y la utilidad. Retiren las acusaciones, deroguen ese delito.
Article plublicat a Público el 2 de novembre de 2007
