Reza el dicho que no todo lo ganado es una victoria, y no todo lo perdido es derrota. Pero como decía el escritor latino romano, Publio Siro, donde hay concordia y consenso siempre hay victoria.
La Ley de Consultas sobre la que penderá el referéndum sobre el ‘dret a decidir’ es constitucional. El Consell de Garanties Estatutàrias de la Generalitat, ha emitido un informe en el que ha concluido que el dictamen ha sido aprobado íntegramente para su tramitación. Los partidos proconsulta esperaban la conclusión de Garantías Estatutarias para poder aprobar esta ley en la semana del 18 al 22 de septiembre. CiU, ERC, Iniciativa y la CUP siempre han defendido la legalidad de la norma y la legitimidad del Parlamento catalán para impulsar, bajo al amparo de ese texto, el referéndum secesionista el próximo 9 de noviembre. Josep Rull, número dos de Convergència, ya afirmó hace tres días en Prada de Conflent que esta semana era clave para determinar el futuro de proceso sobernista. Francesc Homs, portavoz del Ejecutivo catalán, ha subrayado en rueda de prensa que la consulta se podrá celebrar con “toda la fundamentación jurídica” necesaria. Por ello ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy “que no ponga trabas en el ejercicio de la democracia que prevé el ordenamiento jurídico español”. “Solo faltaría que no permitiera ejercer la democracia”, ha advertido.
La defensa que realizan los partidos soberanistas de la Ley de Consultas como instrumento democratico para amparar legalmente el referéndum contrasta, sin embargo, con la opinión de socialistas y populares. El PSC apoyó la tramitación del texto pero Miquel Iceta siempre ha advertido que esta ley no se puede utilizar para la consulta sobre la que la Generalitat carece de competencias. El PP valorará también la cuestión en el Parlament. La primera reacción desde CiU ha llegado desde la Universidad Catalana de Verano que se celebra esta semana en Prada de Conflent (Francia), donde el alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha dicho que el aval de la ley es una noticia “lógica y esperada ya que Cataluña siempre ha dicho que trabajaba bajo el amparo legal”, informa Clara Gil. “Así es y así será. De manera que hay que decirles a los que se preocupan por la ruptura de la legalidad que quizá sea el Estado español el que tenga el interés de romper la legalidad, visto que es un proceso democrático. Espero que nos dejen mantener nuestra legalidad para celebrar la consulta”, concluyó el alcalde.
Hace unos días los cuatro partidos soberanistas catalanes cerraron filas en defensa de la consulta del 9 de Noviembre, y mostraron su disposición a votar pese a lo que dictamine el Tribunal Constitucional. Dirigentes de Convergència (CDC), Esquerra, Iniciativa y la CUP, todos ellos diputats en el Parlament, escenificaron el desafío en la Universidad Catalana d’Estiu (UCE) que se celebra en la localidad francesa de Prada de Conflent. David Fernández, de la CUP, enfatizó que habrá consulta y que los catalanes saldrán a votar. “Quien cometerá una ilegalidad por prohibir la democracia serán los 12 jueces del Constitucional”, avisó. “No pensamos pedir permiso para ser libres. Tenemos un mandato nacido de las urnas, la legalidad catalana, y no planteamos ninguna alternativa que no sea poner urnas”, señaló Fernández, quien hace tres días recordó que “si los ciudadanos tuviesen siempre que acatar la ley aún existiría la mili o no habría avanzado la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos”. Lo proclamaban estos últimos con su popularísima canción/slogan:
We shall overcome! (Venceremos!)
JL Herrera Vega
Ciències de la Informació i de la Comunicació
El Comunicado
