Postulaba el barón de Montesquieu que “Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”
Este pasado día 15 será rememorado por ser la fecha en la que el presidente de la Generalitat Artur Mas, (como antes los hicieron la consellera de Educación Irene Rigau y la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega) tuvo que ir a declarar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante una hora y cuarto sobre la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre. En el que poco antes, Mas había acudido al tradicional homenaje al presidente Lluís Companys, fusilado en esta misma fecha hace 75 años. Como se pudo testimoniar en la comparecencia de Mas al tribunal, estuvo arropado por 400 alcaldes y diputados electos más unas seis mil personas (según la guardia urbana) que estaban, de forma pacífica y democrática, en contra de dicha imputación sobre el 9N.
Esto fue visto por Mariano Rajoy presidente del ejecutivo, de manera provocadora e ilegal y advertía que “Amenazar a los tribunales con manifestaciones es inaceptable”. Desde ese día todos los medios de comunicación afines al estado no han parado de verlo igual de ‘amenazante’. Pero lo que nadie ha dicho es que el exvicepresidente económico del Gobierno Rodrigo Rato acudido unos días antes a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar como imputado ante el juez de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que investiga su patrimonio, por la presunta comisión de delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción de particulares. Y en la puerta de dichos juzgados, a pesar que se adelantó dos horas su llegada, hubo una manifestación, con pancartas, abucheos y broncas en toda regla por parte de los afectados por las preferentes. No he sido testigo de reprobación alguna por parte de nadie. Sencillamente porque no es una ‘amenaza’ el poder demostrar civilizadamente la situación de los afectados.
Ahora siguiendo con la utilización del populismo que siempre hace gala este Estado con una torpeza y degradación supina, junto a los medios afines a su causa y buscando ir más allá, solo sirven a favor de la independencia con sus declaraciones. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y también la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, han asegurado en las últimas horas que el Gobierno dispone de las herramientas necesarias para hacer cumplir la ley en referencia a ese artículo de la Carta Magna y también a la reciente reforma del Tribunal Constitucional, que promueve la suspensión de los responsables públicos. El ejecutivo español ha vuelto a blandir el artículo 155 de la Constitución (el que coloquialmente se conoce como el de la suspensión de la autonomía) tras escuchar de boca del president Artur Mas que se está planteando desobedecer una eventual inhabilitación por la consulta del 9-N. que no cumplan sus sentencias.
Así la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, ha calificado de “barbaridad” que el president, Artur Mas, amenace con desacatar una posible inhabilitación por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o del Tribunal Constitucional. La número dos del Gobierno ha recordado que todos los españoles y él, como president, el primero, están “sometidos a la ley y las sentencias de los tribunales”. Sí, las leyes y las sentencias que ellos manipulan. Si por mera casualidad se hace efectiva la suspensión con el artículo 155, sería el punto final, pero en las relaciones con España. Catalunya lo vería como un status de situación apátrida, donde directa y formalmente se habría formalizado la DUI…
J L Herrera Vega
Ciències de la Informació i de la Comunicació
El Comunicado
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