Otra semana de estirar más el brazo que la manga. A cada ciudadano español el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le cuesta 4,8 euros. Este viernes el ejecutivo en funciones dota con 60 millones más al CNI para luchar contra el terrorismo yihadista. La huida hacia delante por parte del gobierno central cada vez que se le recuerda que en tiempos de crisis es desmesurado otro gasto más de este tipo es, una cifra que dista mucho de lo que pagan los ciudadanos de otros países por agencias de inteligencia similares.
En cambio hay que presenciar que de nuevo este mes de julio, la Seguridad Social ha necesitado recurrir al Fondo de Reserva por segunda vez. En la primera ocasión lo hizo para hacer frente a la paga extraordinaria de julio. En esta segunda han sido 1.000 millones para liquidar el IRPF de los pensionistas con Hacienda. Entre ambas disposiciones, en julio el Ministerio de Empleo ha sacado 9.700 millones de la hucha de las pensiones. Lo que supone que escasamente le quedan dos años más para hacer frente a esos pagos. El problema, grave problema, es que a este paso dentro de dos años nadie sabe aún como se sufragarán los compromisos de la SS.
Como digo, la excusa del PP es que ese gasto del CNI es inferior al de otros departamentos de inteligencia en otros estados, pero en esas administraciones no tienen que depender de fondos para las pensiones para sufragar gastos sociales, por ejemplo. Así el Consejo de Ministros ha aprobado dotar esos 60 millones más con vistas a la renovación tecnológica y la inversión en infraestructuras para la lucha contra el terrorismo yihadista y la ciberseguridad. Otra vez el Gobierno español, de forma descarada y en su línea habitual, mediante un acuerdo, ha modificado los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria con el fin de adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, más allá de 2016, según consta en la referencia del Consejo de Ministros.
Con la excusa de las ‘amenazas’, ciertas o no, es cuando los Estados autoritarios modifican las leyes para hacer cambios en los que casualmente, no se puede revelar y por lo tanto conocer, la necesidad exacta del uso de esos fondos por ser “Asuntos de Estado”. Aunque se destinen en esos 500 nuevos agentes para la vigilancia de un territorio que no comulga con sus ideales, o al especial ‘seguimiento” de los independentistas que lo secundan. La seguridad es y siempre ha sido, una buena excusa para los Estados ‘poco trasparentes’ con gastos a sus intereses idealistas y partidistas…
J L Herrera Vega
Ciències de la Informació i de la Comunicació
El Comunicado
