La desconfianza en la justicia se acrecienta. Lo que muchos sostenían lo ha corroborado el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en relación con la propuesta del Gobierno del nuevo fiscal general del Estado, al aseverar tajantemente que “no hay un sistema de elección contrastado verdaderamente independiente y basado en el mérito” para dicha elección.
El exmagistrado de la AN, durante su charla 'Los desafíos actuales de la corrupción', se ha referido a la designación del magistrado de lo Penal del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar como nuevo fiscal general del Estado tras el fallecimiento de José Manuel Maza y ha aseverado que con esta medida “van a empezar las dudas”. Ya no solo se ha apoderado la desconfianza en los que sufren la justicia de la fiscalía o de los jueces, sino de los propios profesionales juristas que se encargan de impartir la misma.
Siguiendo con su argumentación al respecto, ha indicado que en este proceso “va a proponerse, algunos organismos informarán y el candidato va a pasar por una comisión de justicia en una mañana en una sesión de apenas una hora y media”. Agregando, “Ya me diréis si uno queda conforme si así se demuestra el mérito de quien va a dirigir el ejercicio de la acción penal en representación de toda la sociedad en los próximos cuatro años”.
Posteriormente, en declaraciones a los medios, Baltasar Garzón ha pedido que el examen de este candidato en la comisión “sea realmente exhaustivo, donde se valoren los méritos y no solamente quien haya propuesto al candidato. Si sale elegido tendrá que demostrar cómo dirigir el ministerio Fiscal, una institución fundamental en el ejercicio de la acción penal”. Durante su intervención también se ha mostrado “sorprendido” de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya sido galardonado con el II Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción porque, ha argumentado, “no me gusta que los premios vayan a reconocer las obligaciones que tienen los servicios públicos”.
Por otro lado, el juez Pablo Llarena asumió este viernes el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra el President Carles Puigdemont y todos losConcellers del Govern cesado, causa que unirá a la que ya instruía y por la que están imputados los miembros de la Mesa del Parlament. Llarena investigará también a los Jordi’s líderes de las asociaciones ANC y Òmnium. Pero la misma suspicacia y recelo atesora.
No es una buena señal democrática no confiar en la justicia, pero ante los recientes acontecimientos de la politización de la justicia, siembran más dudas todavía las palabras de ese magistrado. Se suponía que en una democracia madura deberían estar bien limitado ambos poderes, pero si hasta un exjuez de la misma duda del actual modelo de justicia y la elección de sus representantes, la ciudadanía no puede ser menos…
JL Herrera Vega
Ciéncies de la Informació i la Comunicació
El Comunicado
