Pep Guardiola, técnico catalán del Manchester City, hizo hace unas semanas en una rueda de prensa desde Inglaterra un llamamiento al diálogo, a la vez que reiteró la libertad de todos los presos políticos en Catalunya. En su comparecencia, aparte de la temática deportiva, analizó los resultados electorales del 21-D. Exclamando, “¡Hablad! ¡Olvidaos de los jueces! comenzad a hablar, hablar y hablar, por favor, e intentad hacer lo mejor para Catalunya y España”.
El juez Pablo Llarena ha acordado este viernes que los tres diputados electos encarcelados no podrán salir de prisión para asistir a los debates y votaciones del Parlament. Llarena permite que cedan el voto los parlamentarios presos, pero “no otros”, en referencia al President Puigdemont. Señalando en el escrito notificado este viernes que, “la ley no establece que las funciones parlamentarias, pese a su radical importancia en una sociedad democrática, hayan de prevalecer sobre otros fines constitucionalmente legítimos que puedan entrar en conflicto, por lo que es la ponderación judicial de los intereses en juego, la que debe regir la concesión o denegación del permiso de excarcelación”.
Si no se pone fin a la ya institucionalizada judialización de la política española, no se va a permitir la tranquilidad institucional ni social en Catalunya nunca más y además el ‘problema catalán’ para España, va a ir para largo. Cada vez más testigos a declarar, más imputados y más injusticias políticas desde los tribunales. La última: El Gobierno recurrirá “de inmediato y sin ninguna vacilación una posible investidura no presencial de Carles Puigdemont”, tal y como ha anunciado este viernes el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. Este ministro ha calificado la pretensión de Junts per Catalunya de investir a su candidato por la vía telemática o delegada de “falacia”, “añagaza” y de”pretensión irrealizable” porque no solo va, a su juicio, contra cualquier normativa jurídica, sino también “contra todo sentido común”.
Le importa poco el artículo 35 de la ley de la Presidencia de la Generalitat y del Govern (aprobada por el Parlament durante el tripartito de José Montilla, en 2008), que dice que el Gobierno puede usar, “para el cumplimiento de sus funciones,” redes de comunicación o cualquier otro medio telemático. De Vigo ha reiterado que el “reglamento del Parlament es muy claro al respecto” (¿?) y no da posibilidad de celebrar una sesión de investidura con un candidato que no esté presente. Adivirtiendo que “si se cuenta esto en un país europeo, se quedaran boquiabiertos”. “Seamos serios”. Alucinante como viven en su burbuja!
Lo que no se ha podido ganar en las urnas se quiere ganar con la presión judicial. De Vigo considera que “una presidencia debe ser real y el máximo representante de una comunidad no puede ejercer esas funciones sin estar”, por lo que ha ‘aconsejado’, “recuperar la normalidad, el sentido común y dejar de lado la situación personal de cada uno”. “El candidato puede hablar desde la tribuna o el escaño, no desde el plasma”, ha aseverado. Qué le pregunten a su presidente por eso. Recordando que la ‘situación’ de Puigdemont es un resultado jurídico-político de su gobierno en el poder.
Los intereses políticos de los que habla el Juez Pablo Llarena del Supremo que están en juego, son claros. Los fines constitucionalistas y legítimos de una parte, también. Mientras se acepten como tal según qué ‘veredictos o resoluciones’ no vale la pena que los independentistas intenten nada. Habrá que empezar a olvidarse de los jueces como dice el titular. Que alguien empiece a manifestarse en contra de esas aberrantes ‘notificaciones jurídicas’, si es que se quiere mantener esto con vida…
JL Herrera Vega
Ciéncies de la Informació i la Comunicació
El Comunicado
