El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido enviar a prisión provisional sin fianza a los cinco políticos independentistas que comparecieron ante su presencia este pasado viernes. Son el candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, los ex consellers Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva, y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell.
A la vez que omite órdenes de extradición para todos los políticos en el exilio, entre ellos a Carles Puigdemont, excepto a Anna Gabriel de la CUP. El juez del Supremo hace caso así a la fiscalía y dicta prisión provisional sin fianza para estos procesados por el delito de rebelión entre otros.
Según el auto de procesamiento y decretada la prisión provisional, se lleva a término por el artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Que es el delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, con lo que el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.
Y es justamente en ese inexplicable razonamiento jurídico con el que se está aplicando el procés, donde se encuentra la solución al mismo. La verdadera Rebelión es la única vía de escape a esta dantesca situación. En la entrada del DRAE relativa a la acepción jurídica de la palabra “rebelión”, se la define como un “delito contra el orden público… consistente en el levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos”, e indica que es objeto tanto de la ley ordinaria como de la militar (rebelión militar).
Pero Rebelión también es la oposición de resistencia, especialmente cuando se realiza faltando a la obediencia debida por alguna injustíca flagrante. Como movimiento social o manifestación colectiva de rechazo a la autoridad, y varía en grado desde la resistencia pacífica o la desobediencia civil, hasta la acción directa, la lucha armada o violenta, llegado el caso. Esto ya no va solo de República o Independencia.
El juez Llanera sostiene que “tras los hechos ocurridos el 20 de septiembre ante la Conselleria d’Economia, cuando 40.000 personas rodearon el edificio mientras una comisión judicial realizaba un registro, reflejaban la existencia de un riesgo de que las movilizaciones futuras desembocaran en una violencia instrumentalizada para lograr la independencia”.
Para este juez del supremo, “es evidente que lo acontecido el día 20 de septiembre, aunque no fuera el reflejo de una violencia que estuviera ideada desde el principio como un instrumento para la consecución de la independencia (lo que esta resolución no excluye) desde luego permitió que todos los involucrados en el proceso representaran el riesgo de que futuras movilizaciones pudieran estallar con episodios de fuerte lesividad y daño en el grupo social”.
El juez considera que “a partir de la incendiaria convocatoria ante la sede de la Conselleria lo que aconteció quedó lejos de la pacífica actuación que formalmente se reclamaba en algunos mensajes”. “Una vez allí la muchedumbre rodeó los vehículos de la Guardia Civil, que terminaron devastados y destrozados, interior y exteriormente, donde las armas que se encontraban en el interior de los coches quedaron al albur del vandalismo desplegado”.
Ante estas insulsas justificaciones del auto, distorsionando la realidad, algunos ciudadanos por comodidad, no pueden caer en la cobardía, el egoísmo o el sálvese quien pueda, y menos en la desesperanza. Ni estando en contra del procés se pueden entender esas ordenes de encarcelamiento como una solución. Ni en las que pudieran venir. El cansancio o el miedo, generalmente potenciado por elucubraciones que se magnifican y a veces son superadas por la realidad, deben ser excusa para callar esta prevaricación. Es el momento para manifestarse en rebelión de verdad, sin tapujos ni temores. Un frente común democrático. Sin violencia pero decidido.
La ciudadanía está conmocionada y debe actuar por derecho si cree que se le está maltratando. Tantas manifestaciones y acciones democraticas de fuerza como hagan falta. Paradas en instituciones, empresas, fabricas, comercios, servicios, transportes, centros educativos, etc. etc. hasta que esta justicia politizada valore el verdadero significado de rebelión. Esta desfasada actuación del Supremo despojará a la ciudadanía catalana de su infinita capa de paciencia. Y no solo a la catalana. A buen seguro la española y la internacional van a tener algo que decir también…
JL Herrera Vega
Ciéncies de la Informació i la Comunicació
El Comunicado
