El Parlament de Catalunya pide la legitima convocatoria de un referéndum de independencia, realizada bajo la resolución respaldada con la mayoría absoluta de 72 diputados de JxSí y CUP en la votación del debate de política general de hace un mes. Esta establece según el president Puigdemont, que el referéndum sobre la independencia sea “vinculante” y se celebre como “muy tarde” en septiembre de 2017, haya o no acuerdo con el Estado.
Se puede o no estar de acuerdo, pero es conveniente se celebre la misma cuanto antes. Ya solo sea por higiene política, no es saludable esta situación para nadie. Menos cuando el Gobierno ha decidido impugnar, una vez más, ante el Tribunal Constitucional (TC) la resolución del Parlament de Catalunya. El Ejecutivo del Gobierno ha aceptado las premisas o razonamientos de la Abogacía del Estado y ha decidido pedir la anulación íntegra de los acuerdos aprobados por la Cámara catalana el pasado 6 de septiembre para el desarrollo del proyecto del derecho a decidir.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha acabado diciendo que el Parlament de Catalunya “es reiterativo en cuanto a las resoluciones y por eso las incorporamos al incidente de ejecución”. A la vez que volvía a utilizar la fiscalía reclamando que “deduzca testimonio particular para que la esta actúe contra Carmen Forcadell” si entiende que ha cometido un delito penal. La justicia está prisionera cuando se utiliza el TC a conveniencia del ejecutivo de turno.
Según la vicepresidenta las resoluciones de la Cámara catalana piden convocar un referéndum en Catalunya cuando estas “vulneran específicamente la sentencia del Constitucional” que anuló las conclusiones del proceso constituyente anteriormente. “Ni el señor Puigdemont ni el señor Rajoy pueden negociar nada que corresponde al conjunto de los españoles”. Excepto cuando son ellos los que tienen que modificar y reformar la constitución. Como se hizo en 1992 sin referéndum en la Cortes Generales (la Constitución obliga a un referéndum para cualquier modificación), o en 2011 modificando el artículo 135 de la vigente Constitución, por los socialistas. Siempre de forma sibilina/express y en el mes de Agosto. Según Santa María, “Puigdemont no es nadie para negociar algo que no le corresponde. Debería sentarse a hablar con 47 millones de españoles”. ¿A quién preguntaron desde el ejecutivo central para esas modificaciones? ¿Dónde estaba el TC que la protege?
Eso puede tener una lectura en que la ley no puede hacer uso de esa carta magna ni ese tribunal para interpretar y legislar según que casos. Catalunya propone el dialogo con la convocatoria de un plebiscito. El Estado español no hizo ni eso legitivamente. Hacen uso de la ilegalidad dentro de su legalidad. Si el TC fuera un tribunal neutral y actuara como tal, entendiendo que es la mayoría de la cámara catalana, representativa de sus ciudadanos, quien pide poder llevar a cabo un referéndum democrático, la justicia sería lo que ha de ser y no estaría constantemente aceptando las impugnaciones, presa y esclava de la política del Estado…
J L Herrera Vega
Ciències de la Informació i de la Comunicació
El Comunicado
