Semana candente. Las que se aproximan lo serán aún más. A pesar de ir concienciandose del porqué del procés soberanista, aún hay ciudadanos que no acaban de 'asimilar’ lo de ‘La Ley del Referéndum’. En resumen y ante un choque con el Estado, el Govern aplicará la ley del referéndum para convocar el 1-O aunque el TC la suspenda. Donde la norma prevé, en caso de victoria del 'sí', declarar la independencia dos días después de tener los resultados. Bien, ante todo esta será como el mismo objeto, legal y legítima.
La distinción entre ‘legalidad’ y ‘legitimidad’ es una diferencia esencial en un Estado democrático de Derecho. La legalidad pertenece al orden del derecho positivo y sus normas contienen siempre fuerza de ley (es decir generan obligación jurídica). La legitimidad forma parte del orden de la política (discrecionalidad dentro de la legalidad) y de la ética pública (fundamentación cognitiva de las normas y de las decisiones).
Mientras que la legalidad genera obligación, la legitimidad genera responsabilidad (política o ética) y reconocimiento. La legalidad tiene una racionalidad normativa acotada y la legitimidad tiene una lógica deliberativa abierta. Cualquier intento de suprimir esta diferencia lesiona gravemente a la democracia y al Estado de Derecho. Sin la diferencia entre legalidad y legitimidad el sistema político se torna fatalmente totalitario. El mantenimiento de esta frontera es una de las tareas más precisas y delicadas de todo sistema político democrático.
Esto viene a dilación por las palabras con las que el president de la Generalitat emplaza al líder del PPC, Javier García Albiol, a un encuentro a partir de la segunda quincena de agosto: “El referéndum será plenamente legal y legítimo”. La legalidad en las palabras de Puigdemont están abaladas por el Parlament de Catalunya. De legitimidad le sobra. Como se está apreciando la nula responsabilidad política del Gobierno central sobre la cuestión catalana clamaría a la ilegalidad, en una democracia normal. Todo se judiaciliza. Por eso cuando ambas distinciones se tocan en el trascurso del procés se repelen y se malinterpretan. Así, la falta de discurso político del ejecutivo no da más que para lo que ofrece sin dilación la Generalitat: que la ciudadanía hable en las urnas el 1-O.
Que una parte proponga y la otra se inhiba hace que el Govern pueda parecer que incumple sus competencias unilateralmente. Pero si alguien tiene el derecho a desobedecer para que se pueda escuchar su voz, aparte de los represantes políticos, es el pueblo de Catalunya. Los derechos individuales inalienables que no pueden negársele a ningún ciudadano, independientemente del estado en la que viva y sus leyes, son esenciales e irrenunciables como persona. Por eso el 1-O será un referéndum legal y legítimo…
JL Herrera Vega
Ciències de la Informació i de la Comunicació
El Comunicado
