Hay una expresión latina que dice, “Una buena conciencia no teme a ningún mal fiscal”…
Este Viernes La Fiscalía General del Estado ha presentado la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, también se dirige contra la vicepresidenta catalana Joana Ortegay la consejera de Educación, Irene Rigau, por la supuesta comisión de delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en la consulta ilegal del 9-N. Se podía esperar esa respuesta. Mientras los partidos proconsulta se autoinculpan. En la carta que los partidos enviaron poco antes que se registrara la querella en la que los firmantes “admiten ser los mandantes y coautores de las acciones que se imputen a los miembros del Govern derivadas de la organización y ejecución” del 9N. En ella recuerdan que el Parlament aprobó el 13 de noviembre una moción por la que asumía de forma colectiva las consecuencias del proceso participativo y que rechazaba que se exigieran responsabilidades por vía judicial. El estado sigue sin respuesta política y hasta la prensa internacional ya da soluciones ante un ejecutivo que va a la deriva ante la falta de democracia.
El semanario británico The Economist dedicó su editorial del pasado sábado, seis días después del 9-N, a la consulta catalana. Y lo ha hecho posicionándose en las antípodas de la estrategia desarrollada desde el Ejecutivo de Rajoy: “El gobierno de Madrid debería dejar votar a los catalanes, y derrotar a los separatistas en las urnas”. Desde el prisma de The Economist, ni Rajoy ni Mas acertaron en su diagnóstico del 9N. Mientras recuerda que Cataluña no es Escocia (la primera es el doble de grande que la segunda, más rica y más relevante en el PIB nacional) y que otras regiones como el País Vasco y Galicia podrían seguir la senda catalana, “poniendo en riesgo la propia existencia de España”, a pesar de eso, The Economist insiste en que el gobierno central debería permitir votar a los catalanes “por una cuestión de principios y por razones prácticas”. En el caso de los ‘principios’, el semanario considera que es perverso prohibir el voto en regiones poseedoras de una entidad cultural, lingüística o étnica. “Hubiera sido un error obligar a Eslovaquia a permanecer en Checoslovaquia, o a Kosovo en Serbia, al igual que estuvo mal que el Reino Unido luchara contra la independencia de Irlanda. Tan mal como pretender que Flandes siga siendo belga, o que el Quebec permanezca dentro de Canadá, o que Escocia sigua siendo británico si una mayoría de los votantes prefiere la independencia”. Lecciones de democracia desde un punto de vista internacional.
Quizá más interesantes son las razones “pragmáticas” que brinda The Economist a Rajoy. Las últimas encuestas sugerían, por un lado, que menos de la mitad de catalanes se posicionaban a favor de la independencia, y por otro, que una vasta mayoría sentía legitimado el derecho a decidir. Si Madrid rechaza esta segunda petición está dando alas a los separatistas. “La secesión es un tema desagradable. Los Estados Unidos ya lucharon una guerra civil hace un siglo con el fin de evitarla”. Declara el diario.La maniobra que The Economist se permite recomendar al Gobierno central se basa en acordar con Mas un referéndum con unas condiciones pactadas: por ejemplo que solo sea válido si supera una participación del 80% del electorado, y que esté condicionado a un segundo sufragio tres años después, tal y como se ha desarrollado entre el gobierno canadiense y el de Quebec. Y entre tanto, dedicar todas sus energías en convencer a los catalanes de las ventajas de seguir unidos. “Cataluña podría acabar votando permanecer en España. El asunto ahora es si Rajoy quiere tratar a sus votantes como adultos capaces de decidir sobre su propio futuro. Pues al rechazar siquiera la idea de referéndum el presidente no lo está logrando“. Aplicar la democracia. Todo menos utilizar a la fiscalía del estado. Contra la autocracia, democracia…
J L Herrera Vega
Ciències de la Informació i de la Comunicació
El Comunicado
