Lamentablemente son latentes las vergonzosas consecuencias que está provocando la aplicación desproporcionada del artículo 155 en Catalunya. Se puede estar a favor o en contra de muchas cosas en todo esto del procés, pero el uso y abuso de ese artículo no está dejando a nadie indiferente. Como nadie debería haber sufrido la violencia y humillación que han soportado inocentes y nadie debería estar en la cárcel o en el exilio por el mismo motivo. Es un claro fracaso de la política del Gobierno en toda regla, porque los dos millones de votantes independentistas de los que nadie habla por allí, siguen en la misma dirección por aquí.
Así, en una lógica y respetable decisión, están en las listas de los comicios del 21 de este mes, el vicepresident Oriol Junqueras y los consellers de ERC han acatado este viernes ante el juez del Supremo el 155, “por imperativo legal”. Los argumentos esgrimidos ante el juez Pablo Llarena sobre la aceptación de este artículo de la Constitución han sido los necesarios, puntualizando que lo han hecho “desde su más profunda discrepancia jurídica y política”.
No ha extrañado que su declaración no haya resultado suficiente para el Ministerio Público que mantiene que los diez acusados, también los de PDeCAT y los Jordis que se han mostrado dispuestos a seguir las vías constitucionales, deben seguir en la cárcel. Así el juez no decidirá hasta el próximo lunes, momento en que las partes han sido citadas a las nueve de la mañana para conocer el fallo. Hacen lo correcto los partidos independentistas al afirmar que entran en una nueva fase y ahora confían en impulsar una negociación con el Ejecutivo central para alcanzar pactos y acuerdos.
El Gobierno del PP sabe que no respetar dichos parámetros supondrá ir en contra de esa masa social en las calles de nuevo y no puede permitírselo. No está en situación de nuevos conflictos. Más aun sabiendo que Alemania no le compra más deuda y la Seguridad Social acaba de coger 7.792 millones, para poder hacer frente a la paga extra de las pensiones de diciembre. De ellos, 3.586 millones se han extraído del Fondo de Reserva, la conocida como hucha de las pensiones. Tras esta retirada, solo quedan en el citado Fondo 8.095€. Con lo que para este 2018 se le presenta al PP un grave problema.
Siguiendo la línea de desconfianza hacia el Gobierno, especialmente tras el 155, el director de campaña de ERC, Sergi Sabrià, ha aclarado en una rueda de prensa que para el día de las elecciones, disponen de14.000 apoderados que se desplegarán en nombre del partido republicano por las 8.000 mesas de toda Cataluña, con el objetivo de asegurar que se “evite cualquier tipo de pucherazo”. Sabrià ha considerado que la convocatoria electoral es “ilegítima e ilegal” y que no existen las “certezas y garantías necesarias” sobre el recuento.
El ‘pucherazo’, si no es esperado es posible, aunque sea ‘por imperativo legal’ u otra necesidad del ejecutivo. Por eso también los miembros de la candidatura del President Carles Puigdemont o la Presidenta del Parlament Carme Forcadell, están en alerta ante un hipotético fraude en el recuento. Antes, esta última presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el 21-D por considerar que el Gobierno ha forzado el margen que otorgaba el artículo 155 de la Constitución al disolver el Parlament y convocar los comicios. Se presenta un invierno caldeado a pesar del frio…
JL Herrera Vega
Ciéncies de la Informació i la Comunicació
El Comunicado
