A toro pasado (traducido del original en catalán del Diario Regió 7)
Ahora, sale De Guindos, atrapado por la avalancha de preguntas de los periodistas internacionales, diciendo que si Puigdemont retira el referéndum se puede hablar del pacto fiscal. Es patético e insultante que lo diga quien promovió la recogida de firmas contra el proyecto legal de reforma del Estatuto de 2005. Y propició un primer recorte por el acuerdo Mas-ZP donde ya saltó el modelo de financiación que nos homologava a los vascos. Quien colaboró con el PSOE en el “cepillado” del proyecto en el trámite parlamentario donde se cargaron un tema tan estratégico como el control de las infraestructuras: trenes, puertos y aeropuertos que dan tanto malestar a los ciudadanos de Cataluña. Quién movió sus títeres del Tribunal Constitucional, junto con el PSOE, para que, después de cuatro años de larga agonia, sentenciara definitivamente el Estatuto, rebajando, incluso, el nivel de autogobierno alcanzado con el anterior.
Que De Guindos diga ahora que está dispuesto a hablar de pacto fiscal no tiene ninguna credibilidad porqué el PP con colaboración del PSOE y de Ciudadanos han validado que una ley perfectamente legal y recortada, aprobada por el Congreso de Diputados, el Senado y por el pueblo de Cataluña en referéndum, sea liquidada por un Tribunal politizado. Es el conglomerado del PPSOEC's el principal responsable del crecimiento del independentismo desde el 6-8% de impacto electoral al 48% actual. Y creciendo estos últimos días después de asistir en directo a un golpe de Estado en toda regla.
Para el día 1 de octubre nos quieren aplastados para poder abordar la negociación que irremisiblemente llegará después desde una posición de fuerza. Os concederemos una amnistía parcial y los catalanes aceptarán volver a la mierda de autonomía que tenían con cuatro reales más. Por eso los ciudadanos que hemos estado sufriendo una discriminación en servicios públicos, en infraestructuras en el respeto a nuestra cultura y sus creadores e industrias, tenemos que poner toda la carne en el asador y salir masivamente a la calle el próximo domingo, para demostrar que queremos votar y que en la medida que podamos superar los obstáculos que tendremos ese día, lo haremos.
También está clara una cosa. España está en quiebra. Su deuda es imposible de devolver, máxime si se hacen proyecciones de futuro del gasto social comprometido y de las infraestructuras faraónicas insostenibles. El sistema de pensiones tiene un agujero negro impresionante. Y la credibilidad internacional de la marca España está por tierra.
Entonces, ya sólo les falta una estocada final. El otro día en la manifestación se veían muchos comercios cerrados con un cartel que decía para apoyar a la Concentración. Los sindicatos más izquierdista están haciendo boicot a la policía para defender el derecho de voto y están planteando una huelga general. Tenemos pues dos palancas muy potentes: el cierre de cajas – no pagar impuestos- hecho con inteligencia y burlando la capacidad represora del Estado. Y la paralización puntual y estratégica de segmentos sensibles económicos vinculados a la casta.
En estos momentos esta posibilidad objetiva está tomando cuerpo como probabilidad subjetiva. La Unión Europea deberá evaluar si, puramente por intereses económicos y de estabilidad, intermedia en un conflicto que ha comenzado siendo político pero que acabará con consecuencias económicas y sociales que afectarán al tercer estado más grande de la Unión. La Unión Europea deberá evaluar si las voces crecientes de sus medios de comunicación a favor de una intervención europea en el conflicto Catalunya- España, no acaba convirtiéndose en una contestación interna en el seno de estos estados contra sus gobiernos que permiten el nacimiento de una nueva Turquía al oeste del Mediterráneo.
