Josep Huguet


Divendres, 9.3.2018. 21:06 h

EL FIN DE LA AUTONOMÍA

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EL FIN DE LA AUTONOMÍA traducido del original en catalán publicado en Nació Digital
Alguien puede pensar que es sólo el conflicto Cataluña - Estado lo que evidencia el fin del régimen de la España autonómica del 77. Pero no es cierto. El caso catalán, es la punta del iceberg. Como siempre, la dinámica catalana, con una sociedad más crítica y con una distancia psicológica más grande del Estado, es la que genera anticipadamente las señales de alerta de una monarquía desprestigiada, de un régimen autoritario y de un Estado autonómico en quiebra. En esta última realidad es en la que me centraré hoy; y es preexistente al conflicto catalán.
Y para muestra, un botón en el último estudio publicado por la Generalitat valenciana. Dice este que durante la crisis, las CCAA de régimen común redujeron su gasto real per cápita en sanidad, educación y servicios sociales un 15%, por la caída de sus ingresos. La capacidad de proteger las prestaciones del Estado de bienestar desde 2009 ha sido muy desigual entre administraciones. Las comunidades autónomas de régimen común han reducido su gasto real por habitante en servicios públicos fundamentales (SPF) de su competencia a una tasa media anual del -1,8%, acumulando ajustes por -11.126.000 de euros entre 2009 y 2015. En cambio, en estos años las administraciones centrales han aumentado su gasto en SPF per cápita el 1,2% anual, +13.195.000 de euros.
Las comunidades autónomas tienen un papel fundamental en el funcionamiento del Estado del bienestar al gestionar competencias como la educación, la sanidad o los servicios sociales, especialmente el de atención a la dependencia. A diferencia de otras administraciones, las CCAA de régimen común se han visto obligadas a ajustar a la baja significativamente sus gastos en estos servicios durante la crisis porque el modelo de financiación autonómica no ha proporcionado recursos suficientes. El argumento de que la causa de la insuficiencia de recursos de las comunidades autónomas se debe a que su gasto es excesivo no es correcto. De hecho, el gasto en SPF de las comunidades forales o de los países europeos de similar nivel de renta, son muy superiores.
Los servicios fundamentales (educación, sanidad y protección social) absorben más del 60% del gasto público. El 38% del cual es de las CCAA y el 52% de la Seguridad Social (SS). Mientras el estado ha insuflado dinero a la SS en quiebra, ha obligado a las CCAA a una contención del déficit, sin mejorar su financiación, lo que ha llevado a una bajada notable del presupuesto social.
El reparto del déficit entre niveles de gobierno ha sido más favorable a las administraciones centrales -que ha facilitado al Estado transferir importantes recursos a la SS en los últimos años-, y el recurso al Fondo de reserva de la SS acumulado en los años de bonanza. Los gastos reales por habitante en SPF de la administración central han podido ser protegidas y los de las CC .AA. no lo han sido.
Las C.A acumularon entre 2009 y 2013 ajustes de su gasto per cápita en SPF del 15%. Mientras las forales sólo ajustaban un 10% aumentando la brecha de prestaciones entre forales y autonomías comunes hasta el 33%. Las diferencias de gasto en SPF por habitante de las comunidades autónomas se aproximan a los mil euros per cápita, estando delante las forales y en la cola las autonomías con déficit fiscal como Valencia, Cataluña y Baleares.
El gasto en sanidad, educación y servicios sociales de las CCAA representa en la actualidad un 73% de su gasto total, mientras que antes de la crisis se elevaba al 68%. Esto ha implicado un mayor esfuerzo en políticas sociales para evitar males mayores. Pero el efecto ha sido desastroso para las partidas no directamente sociales: servicios económicos, I + D + I, vivienda, cultura .....
El principal problema al que se han enfrentado las comunidades de régimen común en estos años es que, con el estallido de la crisis, la caída de la recaudación y la falta de previsión, se impidió que se cumpliera el criterio de suficiencia financiera en que se basó el sistema de financiación autonómica.
Hasta aquí el análisis técnico de los servicios de estudios de la Generalitat Valenciana. En Cataluña sabemos que el Estado no buscará solución a ninguno de los tres problemas que están en la causa de fondo de este desorden. Ni el Estado quiere recortar su grosor central y por tanto su gasto. Ni tiene voluntad de tocar el privilegio histórico de vascos y navarros. Ni piensa cambiar el modelo de financiación que acabe con el superávit estructural de las Comunidades subsidiadas y el déficit histórico de los países catalanes.
Por ello la autonomía, entendida también como instrumento de suficiencia financiera para aplicar políticas autónomas, hace tiempo que está amortizada. La batalla de Cataluña sólo servirá al Estado para liquidarla de forma oficial.

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