La interlocutoria del juez Pablo Llanera, que deniega la presencia de Jordi Sànchez al Parlamento de Cataluña para su investidura, es el paradigma de la parcialidad, de los juicios de intenciones presentados como pruebas, un atentado contra los principios elementales de la democracia. Demuestra que el juez del Tribunal Supremo en el proceso contra el Gobierno de la Generalitat y la Mesa del Parlamento es más parcial y tiene menos respeto a los procedimientos de un Estado de Derecho a que no el juez Quartus de Wet que presidio el juicio sumarísimo contra Nelson Mandela.
En el juicio de Rivonia, a finales de 1963, el fiscal Percy Yutar imputó Mandela y once compañeros de actos de sabotaje para preparar una revolución violenta que debía ser seguida de una invasión armada del país. Toda la acusación se basaba en juicios de intenciones en el mismo estilo que utiliza el juez Llarena en la interlocutoria citada. Formaba parte de una campaña mediática portada a cabo por la prensa sudafricana blanca que cada día titulaba: «revolución de carácter militar». Los medios de comunicación españoles han usado la misma técnica que los periodistas racistas de Pretoria, porqué que jueces y redactores comparten una mentalidad supremacista. Los articulistas del apartheid estaban convencidos que la superioridad de la raza blanca legitimaba las personas de origen europeo a imponer la legalidad y el Estado de Derecho del apartheid sobre los negros, a los que negaban el derecho a votar. Los periodistas españoles están convencidos que la Unidad de España los legitima a imponer su soberanía a los catalanes sin su consentimiento, sin respetar el resultado de las elecciones catalanas.
En el primer juicio después de la detención de Mandela, Bram Fischer, su abogado, resaltó que el fiscal Yutar acusaba a su cliente de ser autor de unos sabotajes realizados mientras estava en prisión. El fiscal supo que contestar. El juez Quartus de Wet le espetó: «La base de su argumentación, tal como lo veo, señor Yutar, es que usted está convencido de que los acusados son culpables». A continuación el juez, blanco y segregacionista, desestimó el caso y levantó la sesión. Los miembros de el ANC (African National Congress) debían quedar libres, pero la policía sudafricana blanca los va volver a detener, aplicándoles la ley antiterrorista.
Podríamos aplicar las palabras del juez del apartheid a la interlocutoria del Sr. Pablo Llarena contra Jordi Sánchez. Él sabe que no tiene ningún base de hechos para sostener el delito de rebelión porque retiró el euroorden contra el President y los consejeros exiliados en Bélgica. Tampoco se atrevió a presentarla a Dinamarca, ni en Suiza, y, con toda probabilidad, tampoco la presentará en el Reino Unido.
Al cabo de unos meses se repitió el juicio contra los dirigentes de el ANC sudafricana. El mismo fiscal acusaba el futuro premio Nobel de la Paz de alta traición por preparar una invasión guerrillera, delito que comportaba la pena de muerte. En esta segunda ocasión Nelson Mandela, en contra de los consejos de sus abogados, optó por hacer una declaración política para justificar su resistencia pasiva primero, y su paso a actos de sabotaje sin víctimas personales, ante el absoluto cierre del régimen del apartheid. Acabó su alegato con estas palabras: «He dedicado toda mi vida a la lucha del pueblo africano…He acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre en el que todas las personas convivan juntas en armonía… Si es necesario es un ideal por el que estoy dispuesto a morir».
La sala del juicio era llena de observadores internacionales, se celebraban actos de solidaridad por todo mundo, incluso a la Catedral de Saint Paul de Londres. El caso ocupaba las portadas de toda la prensa internacional y la agenda de las Naciones Unidas. Finalmente el líder africano se libró de la pena de muerte, fue condenado a cadena perpetua y se pasó 27 años en la cárcel. El Consejo de Seguridad pidió la amnistía para Mandela y sus compañeros; en la votación los Estados Unidos y la Gran Bretaña se abstuvieran, para su vergüenza perpetua. Cuando la Unión Europea calla en el caso catalán, no se puede olvidar este antecedente.
El Reino de España prepara el «juicio de Madrid» contra el Gobierno de la Generalitat y la Mesa del Parlamento de Cataluña para este otoño. Debemos convertirlo en una reedición del «juicio de Rivonia» contra Nelson Mandela, con la gran diferencia que el proceso catalán ha sido totalmente pacífico y no habido ningún delito de rebelión. En el juicio del Tribunal Supremo de Pretoria destacaba que los jueces y fiscales eran blancos, mientras que los acusados eran negros. En el «juicio de Madrid» los jueces y fiscales serán españoles, mientras que los acusados serán catalanes. Para que entre los más de setenta magistrados del Tribunal Supremo español no hay prácticamente ningún juez catalán. Para resaltar este hecho sólo es necesario que los acusados usen su lengua, el catalán. Desde ahora debemos preparar la repercusión internacional del juicio del Gobierno de la Generalitat y la Mesa del Parlamento para poner de manifiesto que la brutalidad judicial es la continuación de la brutalidad policial del uno de octubre.
